PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ PRO LAICIDAD
En el marco de la crisis sanitaria por la pandemia del COVID 19 que viene afrontando el país y el mundo, el Comité Pro Laicidad manifiesta su profunda preocupación e indignación por las actuaciones gubernamentales que vulneran el principio constitucional de laicidad, el cual establece la separación e independencia del Estado y las religiones, lo que debe repercutir en acciones y decisiones públicas, responsables, aconfesionales y basadas en el respeto a los derechos y libertades fundamentales de todas y todos los bolivianos.
En diferentes ocasiones se viene instrumentalizando de manera política, la religiosidad y la fe de las personas, a partir de decisiones públicas, discursos y actuaciones de altas autoridades, públicas, quienes, a tiempo de atender la pandemia en el marco de sus obligaciones, utilizan elementos propios de las religiones para manipular de esa manera, el miedo y la sensibilidad de las personas, a través de bendiciones, llamados a la oración, ayuno o invocaciones a Dios, vulnerando de esta forma la libertad de religión, creencias o la ausencia de ellas de la población.
Asimismo, no solo se están produciendo acciones inconstitucionales, sino actos claramente ilegales, al utilizar recursos económicos y bienes del Estado como helicópteros, camionetas y otros medios para auspiciar o llevar a cabo procesiones en fechas religiosas, prédicas callejeras, sobrevuelos para bendecir ciudades, autorizar circulación de caravanas religiosas en cuarentena total, poniendo en riesgo la salud pública de toda la población. Estos hechos generan una indignación en gran sector de la población, que espera acciones contundentes desde los tres niveles de Estado para atender de forma efectiva la crisis sanitaria, invirtiendo coherente y estratégicamente los escasos recursos que se tiene en la salud, medidas de bioseguridad, equipamiento e insumos necesarios para centros de salud; así como en la generación de empleo digno, previsión oportuna de la recesión económica que nos azotará en los siguientes meses, y, sobre todo, acciones contundentes y efectivas para frenar y atender la violencia machista que campea en el espacio privado y cuyas cifras son ignoradas por las autoridades gubernamentales.
En nuestra calidad de defensoras y defensores de derechos humanos, exigimos a las máximas autoridades nacionales del gobierno de transición y de los gobiernos sub-nacionales lo siguiente:
• Respetar la Constitución Política del Estado, garantizando todos los derechos fundamentales contenidos en ella, poniendo énfasis en el principio de laicidad que establece que el Estado es independiente de la religión y privilegia la libertad de conciencia.
• Transparentar el gasto e inversión pública, impidiendo que un solo centavo más sea gastado o despilfarrado en desmedro de la inversión en salud y calidad de vida que deberían ser prioritarias en las acciones estatales.
• Dejar de manipular la fe, la conciencia de las y los ciudadana/os mediante discursos y acciones políticas que desfiguran el verdadero rol que deben cumplir las autoridades en momentos tan sensibles y críticos que al mundo y a Bolivia le están tocando vivir en el contexto de la pandemia.
• Sancionar a las autoridades, como corresponde, por el manejo ilegal de los recursos públicos y por la otorgación de autorizaciones de circulación en espacios públicos en cuarentena, acciones que van en contra de la normativa jurídica vigente.
• Dejar que las personas en todo el territorio nacional, practiquen los actos de fe y espiritualidad de su preferencia, pero en su fuero interno y espacio privado en este tiempo de cuarentena, de manera que no se limiten sus libertades de conciencia, creencia, religión, culto y no culto, sin la participación inapropiada de los poderes públicos.
• Promover que el accionar de las y los servidores públicos esté enmarcado en la ética laica y de los derechos humanos, acorde con lo que establecen los estándares, los avances, las recomendaciones y las observaciones emergentes de instancias expertas de los Sistemas de Protección de Derechos Humanos.
• Realizar una lectura adecuada de la realidad boliviana, marcada aún por altos índices de pobreza, lo que impide que la cuarentena se viva de forma igualitaria ya que se ha obligado a asumir el “ayuno obligatorio y deshumanizado” a un gran sector de personas en situación de vulnerabilidad social y económica. En ese contexto resulta francamente inhumano y perverso, convocar a un ayuno religioso.
• Actuar en el marco del respeto a los derechos y libertades fundamentales, como elementos centrales de un accionar público enmarcado en la ética laica, tendiente al fortalecimiento de la democracia.
ALTO A LA MANIPULACIÓN DE LA FE Y RELIGIÓN DE LAS PERSONAS Y MÁS TRABAJO A FAVOR DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES DE TODAS Y TODOS LOS BOLIVIANOS
Bolivia, 30 de abril del 2020
Descargar pronunciamiento